Durante la pandemia de COVID-19, Cuba adoptó un enfoque singular basado en su sistema de salud universal, la organización comunitaria y la experiencia acumulada en situaciones excepcionales. El enfrentamiento a la crisis se centró en la vigilancia epidemiológica activa, el aislamiento de casos sospechosos, el despliegue de médicos en barrios y la producción nacional de vacunas como Abdala y Soberana. Estas medidas permitieron contener la propagación del virus sin recurrir a la declaración formal del estado de emergencia. La no proclamación del mismo se explica por varias razones estructurales y políticas. En primer lugar, el gobierno priorizó la estabilidad institucional y el control centralizado, considerando que la emergencia podría generar incertidumbre social y económica. Además, la alta capacidad de respuesta del sistema de salud, junto con la disciplina social fomentada por el modelo político, permitió implementar restricciones efectivas sin suspender garantías constitucionales. Este enfoque, aunque criticado por su rigidez, demostró eficacia en la contención inicial del virus. El artículo analiza como la combinación de factores sanitarios legales y políticos definió una estrategia de enfrentamiento que evitó medidas excepcionales, manteniendo el control sin alterar el orden institucional.