Este artículo se sitúa en el análisis de poder visualizar la situación de México respecto a la biopiratería dentro y fuera del país. Para ello se analizan acuerdos y normas internacionales para evitar el uso de la biopiratería, que representa un eje central en la privatización de las riquezas y del conocimiento biológico colectivo de los pueblos originarios. Este proceso de expropiación ocurre principalmente a través de acciones de empresas transnacionales y de organismos gubernamentales de las naciones más poderosas, y se sostiene sobre una arquitectura de investigación y comercio que busca convertir saberes ancestrales en mercancías patentables. En la actualidad, la dinámica se agrava por varias razones: el avance de una revolución científico-técnica que abarca la biotecnología, la ingeniería genética y los sistemas de información geográfica; la persistencia de crisis económicas, políticas, sociales y ambientales que debilitan la gobernanza y facilitan prácticas de apropiación; y, crucialmente, el limitado conocimiento de la sociedad civil sobre estos mecanismos, lo que se traduce en escasas resistencias organizadas frente al robo de recursos biológicos y de saberes tradicionales.